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La
CTA en la Audiencia Pública "Parque Ambiental Florencio
Varela -18/11/2010-
23/11/2010
- Las circunstancias hacen al hombre, pero el hombre también
hace a las circunstancias. Esta frase, postulada desde la teoría
marxista, sintetiza el problema en el que nos encontramos hoy a escala
mundial. El modelo de desarrollo capitalista neoliberal, depredador
de los recursos naturales y la explotación sistemática
del hombre por el hombre, tuvo una finalidad: sostener una estructura
social profundamente desigual e injusta en las condiciones de acceso
a bienes propios de una vida digna. Ese modelo usufructuado por unos
pocos, dio lugar a que millones de hombres, mujeres, jóvenes
y niños sufrieran y sufran el hambre y la pobreza.
Este
modelo que tratamos de desterrar, definitivamente, no sólo ha
producido exclusión social sino que ha convertido a los territorios
que habitamos, grandes conglomerados urbanos, en nuestras propias tumbas.
Aguas para consumo humano contaminadas, destrucción de
la biodiversidad por parte de empresarios que llevan adelante emprendimientos
económicos industriales y/o agrícolas, explotación
irresponsable de recursos no renovables, etc, han producido una situación
de riesgo ambiental sin precedentes y la urgente necesidad de generar
herramientas de intervención complejas que implican la corresponsabilidad
entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, herramientas
que no se construyen por generación espontánea, que requieren
de una política de Estado con visión de futuro desde
la sustentabilidad del presente y con el objetivo supremo del bienestar
común.
En
el caso del territorio que habitamos, el distrito de Florencio Varela,
no fue ajeno, ni lo es, a un modelo de crecimiento en donde los deshechos
de la producción de las industrias, la ausencia de responsabilidad
social de amplios sectores productivos de capital privado, el tratamiento
superficial de nuestros graves problemas ambientales, la desatención
de las causas sociales e históricas que produjeron este escenario,
nos han llevado a la declaración de Crisis Ambiental en barrios
como La Rotonda, a la existencia de más de una decena de tosqueras
y basurales a cielo abierto, a la falta de concreción de las
normas legales vigentes que prohíben los transformadores que
contienen PCB, etc. Asimismo, y como una reacción espasmódica
y a destiempo de lo que muchas organizaciones veníamos denunciando,
tenemos instalada en nuestra propia casa la crisis vinculada a la producción
y acumulación de deshechos con la necesidad, simultánea, de
reducir sensiblemente la disposición en rellenos sanitarios
abriendo para los varelenses un desafío: construir una alternativa,
una solución que sólo es parte de la solución
a un problema mayor.
Esta
respuesta parcial, una Planta de Tratamiento de RSU, es necesario aclararlo,
no va a transformar los hábitos de consumo, ni la forma en que
los varelenses nos apropiemos de saberes que se constituyan en conciencia
para transformar esos hábitos, como así tampoco va a
transformar la lógica con la que se responde al problema de
los residuos desde la planificación y la ejecución de
las políticas públicas municipales para el área.
Creemos
que se está depositando en esta propuesta una expectativa que
en el corto plazo de su existencia ha tenido más de un revés
que no se ha sabido interpretar. Aún así, creemos también
que no es tarde para que desde una tarea intersectorial construyamos
iniciativas de implementación para una gestión participativa
en donde el Estado sea el motor, el ámbito y el respaldo del
trabajo colectivo y la ejecución honesta de las respuestas que
encontremos a un problema de todos.
Desde
la organización de los trabajadores de la educación,
el SUTEBA, hemos impulsado iniciativas de formación, capacitación
y generación de puestos de trabajo para quienes intervienen
en el circuito de recuperación de residuos que, inclusive, han
tenido como partícipes a los alumnos y a sus familias
, atravesando las instituciones educativas y construyendo propuestas
que han demostrado ser viables pero que quedan invisibilizadas y a
medio camino de consolidarse por las escasas posibilidades de articulación
y desarrollo sostenidos, dada la ausencia de un presupuesto que las
sostenga y la intervención del Estado como ordenador de las
propuestas sectoriales en diálogo con las políticas del
gobierno municipal.
Relevamiento
de los hábitos de consumo y estudios estadísticos, llevados
adelante por los alumnos, sobre la cantidad de papel y envases plásticos
desechados en los hogares de nuestros barrios, incorporación
de metodologías de acopio diversas con la finalidad de que fueran
periódicamente recolectados por recicladores urbanos, el estudio
sobre la reutilización de los desechos recuperables, han dado
como resultado experiencias que no han sido debidamente consideradas
como alternativas complementarias de la propuesta de una gestión.
Entendemos
la Educación en nuestra provincia y en nuestro país fuertemente
articulada con un proyecto productivo y de generación de empleo,
que debe replicarse de manera coherente en el ámbito municipal
a través de acciones tendientes a constituir ámbitos
en donde construyamos respuestas a problemáticas tan complejas
como la de tratamiento de los RSU. Respuestas que no sólo se
constituyen en soluciones a la problemática ambiental sino que
aportan a una estrategia de producción de empleo, capacitación
técnica y la participación efectiva de los alumnos y
educadores en distinta actividades de un proceso productivo o de trabajo
real.
En
el afán de avanzar hacia lo que pareciera la solución
final, se pierde de vista que contamos con instrumentos de trabajo
intersectorial que todavía no hemos tenido la oportunidad de
llenar de debates y propuestas desde la articulación de acciones
intersectoriales. Un ámbito recientemente constituido, el Concejo
distrital para la Producción, la Educación y el Trabajo,
es un ámbito propicio en donde la gestión municipal
debería situar la formulación de una propuesta generadora
de empleo, creando condiciones para la generación de nuevos
puestos de trabajo desde el Estado con herramientas complementarias
que garanticen, en este caso, no solo una eficiente recolección
de residuos y su consiguiente sensible reducción al momento
de ingresar a una Plana de tratamiento de RSU sino, además,
la intervención estatal que transforme positivamente las condiciones
en que los recolectores informales realizan su tarea, garantizándoles
seguridad, higiene y dignidad a través de iniciativas que conlleven
y promuevan la igualdad social a través de la incorporación
de trabajadores al sistema productivo como una forma de dar respuesta
a problemáticas que a simple vista parecen tan distantes. Los
sectores empresarios, las organizaciones sociales y de trabajadores
y el Estado municipal, no hemos tenido la oportunidad de otorgarle
al COPRET un sentido y direccionalidad concretos para la construcción
intersectorial de una propuesta con alto impacto social y de fuerte
compromiso con la sustentabilidad de nuestra tierra.
Creemos que políticas
articuladas de formación, producción y trabajo deben
construirse con la finalidad de dar respuestas integrales a problemas
integrales definiendo modalidades de acción y participación
real de los diferentes sectores convocados a tal fin, realizables y
sostenidas en el tiempo, con proyecciones de corto, mediano y largo
plazo que sean ofrecidas a la población para su interiorización,
debate y posterior consulta vinculante sobre la mejor manera de avanzar
en una solución, aunque parcial, en el presente y con el ánimo
y el compromiso de intentar subsanar el deterioro ambiental del que
somos responsables para con las nuevas generaciones.
Desde
la Central de Trabajadores de la Argentina estamos convencidos de que
una forma de complementar la tarea de recolección-disposición
final de los RSU ligada a la gestión privada de recolección
es la incorporación de la cadena de recuperación de materiales
llevada adelante por aquellos sectores para los cuales los residuos
constituyen un modo de subsistencia .
La
descripción del proceso de recuperación de residuos por
parte de los recicladores urbanos y cooperativistas ha sido documentada
en el estudio para la Región Capital (La Plata, Berisso, Ensenada;
Brandsen y Punta Indio), propuesta de tratamiento de residuos sólidos
urbanos plasmado en el GIRSU-RSU. El municipio de Florencio Varela no
ha llevado adelante, a la fecha, ningún estudio acerca del
Impacto Social sobre la cadena de recuperación de residuos y sus
efectos en los trabajadores recicladores y acopiadores y sus familias.
Los
primeros eslabones de la cadena de recuperación, es decir, los
que incluyen a “cartoneros” y cooperativistas, son los
más críticos, ya que dependen de numerosas variables
para seguir desarrollando su tarea (los precios de los materiales dependen
de la cantidad de los mismos, la capacidad de acopio, la capacidad
de acondicionamiento, las relaciones con los acopiadores, la competencia
al interior de la cadena de recuperación).
Por
todo esto, la cadena de recuperación posibilita que el circuito
productivo que se genera a partir de los residuos comience, pero no
lo garantiza de por sí.
Que
el Estado municipal fortalezca estos primeros eslabones y no los últimos
debería ser parte de una gestión integral y social de
los residuos sólidos urbanos, por dos razones fundamentales.
En
primer lugar, porque existe una deuda social con el conjunto de los
trabajadores que recolectan informalmente materiales recuperables:
condiciones laborales dignas, capacitación por parte del Estado
y una remuneración que retribuya una tarea de alto impacto ambiental
si fuera planificada desde la gestión municipal como parte de
la solución al problema de los RSU; en segundo lugar, porque
el impacto que los varelenses deseamos se logrará orientando
una estrategia integral de reducción de los RSU que articule
las cadenas de recuperación construyendo una red de recolección
y acopio con intervención concreta del Estado regulando la actividad.
Considerar
los residuos como recursos implica que constituyan materiales con posibilidades
de uso, y no como algo que ya no sirve. Las cadenas de recolección-disposición
final y de recuperación de materiales utilizan los residuos
sólidos urbanos como recurso. Trabajan con ellos, perciben dinero
a través de su venta, a través de su entierro, perciben
dinero a través de su recolección y transporte, a través
de su gestión y administración, los utilizan como materiales
de construcción, los reutilizan, los reciclan y crean nuevos
materiales, secos u orgánicos, etc.
Los
precios que los materiales adquieren en el mercado determinan de alguna
manera que se realice o no la actividad. La recuperación sigue
siendo rentable siempre y cuando pueda garantizar un mínimo
para la comida de las familias y para mantener los medios de trabajo.
De esta manera, la recuperación se inicia en las necesidades relacionadas
con la supervivencia cotidiana de los recolectores y va asegurando la
reproducción del acopiador y de los intermediarios hasta llegar
a la industria. Así estas cadenas contribuyen tanto a lógicas
de reproducción predominantemente vitales, de supervivencia, como
a lógicas de acumulación de los grupos empresariales.
Y
son los grandes grupos empresariales los que concentran la riqueza
producida por estos trabajadores que el Estado no protege.
Si
a estas formas de exclusión, todavía no abordadas con
políticas públicas, el Estado las profundiza negando
la oportunidad de acceder a puestos de trabajo genuinos surgidos de
la necesidad de un emprendimiento vinculado a la solución de
un único problema, qué hacemos con los residuos, el conjunto
de la sociedad pierde la oportunidad de reparar, paso a paso, lo que
los procesos históricos y políticos en la década
de los noventa, apoyados en la matriz económica heredada de
la última Dictadura cívico-militar, destruyeron: la filiación
social que tiene en el Trabajo su columna vertebral.
Aún
así sin ser reconocidos, denostados socialmente, sin políticas
públicas que promuevan y protejan sus derechos, en su trabajo
silencioso y cotidiano, estos trabajadores disminuyen la cantidad de
basura que se entierra en el CEAMSE; minimizan la cantidad a transportar,
es decir que disminuyen los costos de recolección de los residuos;
proveen de insumos al sector industrial; y se trata de un sector de
la población que vive directamente o indirectamente de los residuos,
la recuperación de materiales es parte constitutiva de su supervivencia.
La basura se torna así en un recurso de subsistencia, según
la necesidad que prime (comida, trabajo, vivienda), y en la búsqueda
del recurso se despliegan otros eslabones de la cadena (que también
forman parte de la actual gestión de RSU), como el desvío
de residuos y la importancia relativa que adquieren los basarles a
cielo abierto.
Vulnerados
en su derecho a la Salud, la Seguridad y la Higiene, muchos de los
trabajadores informales involucrados en el manejo, transporte y disposición
final de RSU, constituyen una población de alta exposición
porque gran parte del trabajo que realizan se hace en forma manual
sin ninguna capacitación y sin utilizar ningún equipo
de protección, situación que se agrava con el manejo
indiscriminado de los residuos sólidos convencionales y residuos
peligrosos.
Ellos
y sus familias constituyen un grupo altamente expuesto porque además
de convivir con vectores y animales domésticos y sufrir los
efectos de la contaminación de los residuos con los que trabajan,
no cuentan con ningún servicio de saneamiento básico.
Además, en muchos casos estas poblaciones actúan a su
vez como “vectores” para la transmisión de enfermedades
causadas por los residuos, en especial por carencias materiales indignantes
que dificultan las condiciones de higiene personal y de sus viviendas.
Por
estas razones, que no se agotan en sí mismas, es que desde la
CTA planteamos la necesidad de incorporación de estos trabajadores
y trabajadoras a una propuesta de creación de puestos de trabajo
en vinculación con el Tratamiento Integral de RSU, si desmedro
de los trabajadores formales del sector sino como parte de una estrategia
que incida y redunde en un ambiente sano para la vida del conjunto
de los varelenses.
Es
el Estado quien debe resarcirlos. Es el Estado quien debe incluirlos.
Es el Estado quien debe protegerlos.
Ignacio
Concetti
Secretario
General
CTA
Florencio Varela
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