| Cubririan
todo el país Cuatro nuevos canales para televisión por aire En un decreto que da la primera batalla para la ley de medios audiovisuales, la presidenta autorizó al sistema nacional de medios públicos la cración de las señales. Con el decreto 943/2009 firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, comienza una nueva etapa en la historia de la comunicación audiovisual argentina.
A partir de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología dentro del plan estratégico nacional, dos hechos fundamentales (entre otros tantos) se han suscitado para instalar el desarrollo científico argentino a la vanguardia del UNASUR, el desarrollo del Plan Nacional de Radarización con la construcción e instalación de los 11 radares de última generación Hinkan-RSMA (Radares Secundarios Monopulso Argentino) con una inversión de 54 millones de pesos en tecnología desarrollada por científicos argentinos y en paralelo el impulso de AR-SAT Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (empresa fundada por el gobierno argentino en el año 2006) y direccionar la utilización del satélite AMC-6 Lanzado en el año 2000 desde el Cosmódromo de Baikonur en Kazajistán para el desarrollo de una cobertura estratégica del espacio comunicacional argentino llegando a todas las localidades del país, hecho que se encontraba restringida a los grandes conglomerados urbanos del interior del país y dirigidos por empresas con un campo de acción de carácter monopólico en la actividad exclusivamente privada.
A partir del decreto Nº 943/2009 el poder ejecutivo autoriza “(…) al Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. para la instalación, funcionamiento y operación de un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete de señales educativas, culturales e informativas.”
En los considerandos del mencionado decreto se cita entre otros, un extracto del Juez Fayt en donde afirma que "En efecto, el Estado está obligado a proveer el servicio de radiodifusión cuando no lo preste la actividad privada, pero no está obligado a no proveerlo en caso contrario. En realidad, nada impide que el Estado provea un servicio que coexista con el que brinda la actividad privada. Es decir; el principio de subsidiariedad no implica exclusividad. Así resulta del contexto de la Ley 22.285 y de la lectura de su Exposición de Motivos donde se afirma, por ejemplo, que "…se consagran las modalidades de prestación prealudidas: Particulares por un lado y el Estado Nacional por el otro sin que, necesariamente se comporten de manera competitiva...”
Su primer objetivo es que el servicio pueda recibirse en las 12 mil escuelas rurales de todo el país. El Estado se encargaría de distribuir a todas ellas los receptores satelitales. En una segunda etapa se analizará cómo facilitar el acceso más allá de las instituciones educativas para cumplir con el texto del decreto que habla de permitir el acceso a este servicio a las personas y regiones menos desarrolladas del país.
Desde la otra vereda la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI) que agrupa a más de 300 emisoras gratuitas de radio y TV, 700 operadoras de cable y 300 diarios y revistas manifestó ayer que con este proyecto "se busca controlar y homogeneizar contenidos televisivos en todo el país".
El decreto que además lleva la firma del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, viene a hacer las veces de primer eslabón en un ríspido tema como es el de la nueva Ley de Medios Audiovisuales que ha desatado una verdadera batalla campal en los meses previos a las elecciones nacionales y ha transformado importantes herramientas de comunicación social en comunes trincheras de intereses empresariales costándole al gobierno una derrota electoral al unificar a sus adversarios de modelo económico.
El aval del Relator de Libertad de Expresión de la ONU
En su estadía en Buenos Aires Frank La Rue, Relator de Libertad de Expresión de la ONU, sostuvo “la Argentina está siendo un modelo muy especial en el mundo”, al referirse al proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual, “es lo más avanzado que he visto en el continente” recalcó el Guatemalteco, primer Latinoamericano en ocupar ese cargo en la Organización de las Naciones Unidas.
“Yo hoy les decía a varios que nunca en el mundo había visto algo tan avanzado. La idea de dividir el espectro de frecuencias radiales y televisivas en tres siempre ha estado en la doctrina de las relatorías, pero Argentina va un paso más allá porque es ce un porcentaje: 33% exacto para el ámbito público, privado y para las organizaciones civiles nunca se ha visto. (…) Abogado y periodista, Frank La Rue, exiliado 12 años en los EEUU por la represión en el Gobierno de Lucas García, compañero de lucha de Rigoberta Menchú, fue fundador del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos en 2003; se desempeñó como comisionado presidencial de Derechos Humanos entre 2004 y 2007; fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 2004. Asume el cargo en la ONU con el apoyo de GRULAC Grupo de América Latina y el Caribe). La Rue fue además fundador del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos en 2003; se desempeñó como comisionado presidencial de Derechos Humanos entre 2004 y 2007; fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 2004. Desde el 2000 es miembro de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción y actualmente es Presidente del Instituto Demos, que promueve la ciudadanía desde los derechos humanos entre jóvenes, mujeres e indígenas.
Daniel Symcha |