14/11/2008 - En sintonía con las declaraciones de sus jefes Néstor y Cristina Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, salió a respaldar a la cúpula de su policía, integrada por Stornelli y Salcedo, e insistió con su propuesta de modificar el código procesal penal para bajar la edad de imputabilidad a los catorce años y evitar las detenciones morigeradas y excarcelaciones, siempre y cuando no se trate de policías torturadores o fusiladores, que en el peor de los casos cumplen sus condenas muy cómodos en sus casas.

En una de sus recorridas por el conurbano bonaerense, defendió su propuesta como parte de un "proyecto integral" para abordar la situación de los menores que delinquen, que consiste en el envío sistemático de más policías y patrulleros y la ausencia de políticas (que no sean represivas, por supuesto) que reviertan la situación de miles de pibes en toda la provincia, que viven o trabajan en la calle.

Hace poco más de una semana, en San Miguel, se refirió a la "titánica" labor de sus uniformados que "están redoblando esfuerzos humanos y logísticos para dar combate a la inseguridad". Una muestra de esa titánica labor se vio en las calles del centro de La Plata el jueves 30 de octubre por la noche: personal policial de civil del servicio de calle de la comisaría 1ª interceptó a cuatro pibes en 7 y 55. A la adolescente que los acompañaba, por tratarse de una niña, le sugirieron muy amablemente que se retirara si no quería recibir "un cuetazo". A los tres pibes los llevaron a la comisaría que administra el capitán Daniel Piqué, renombrado desde hace unos meses por liberar la zona en Plaza San Martín para que una patota de policías y civiles golpeara a chicos de la calle. Una vez en la comisaría, los pibes fueron trasladados al "cuartito" donde la tortura consistió en una sucesión de patadas, golpes de puño y el apaleamiento con un garrote que, terapéuticamente, lleva como inscripción la palabra Clonazepan. Mientras eran golpeados les gritaban "¿sabés por dónde nos pasamos los derechos humanos?" y "¿así que ustedes nos van a hacer una marcha?", en referencia a la movilización convocada para el viernes 31 bajo la consigna Ningún pibe nace chorro, donde más de 1.500 personas denunciamos la criminalización y represión que sufren cotidianamente cientos de pibes en la capital bonaerense y que en los últimos meses tuvo como saldo el asesinato de tres adolescentes a manos de las fuerzas de seguridad.

La situación descripta se dio, paradójicamente, en el marco de una resolución en la que el juez en lo contencioso administrativo Luis Arias hizo lugar a un hábeas corpus presentado por el defensor oficial Julián Axat en el que se instruyó a los policías la prohibición de detener menores arbitrariamente. Pese a que la Corte Interamericana de DDHH condenó hace cinco años al estado argentino a derogar las facultades policiales para detener personas gracias a la aplicación de los códigos de faltas, contravenciones o por averiguación de antecedentes, queda claro que ningún gobierno que defienda los mismos intereses de clase va a cumplir con el fallo, porque hacerlo implicaría renunciar a sus más preciadas herramientas de control social, destinadas a los pobres que sus políticas de hambre generan.

Es así que, como parte de su "política integral" contra la delincuencia, Daniel Scioli, además de un nuevo aporte de 30 patrulleros para el municipio de Tigre, se encargó de seguir criminalizando la pobreza al declarar que las villas "son aguantaderos de alta peligrosidad porque salen a robar y se vuelven a refugiar" y prometió abrir calles "para que la policía pueda entrar". "Haremos todo lo que haya que hacer -afirmó- para defender la vida de la gente honesta", lo que no hace más que confirmar que las detenciones arbitrarias, las torturas y los fusilamientos del gatillo fácil son los pilares en los que se sostiene el "plan integral" de seguridad del comisario Scioli.