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Rechazo
a las declaraciones del Gobernador respecto a la baja de la edad de imputabilidad
Se hizo a
través de un proyecto de declaración presentado por el Senador
de la Coalición Cívica Daniel Expósito
“El
objeto de rechazo del proyecto tiene que ver con el debate que se intenta
plantear a partir del incremento de hechos delictivos en la Provincia
de Buenos Aires con las consecuentes declaraciones del Gobernador Daniel
Scioli y parte de su gabinete de Gobierno: Alberto Pérez, Jefe
de Gabinete; Ricardo Casal, Ministro de Justicia; Daniel Arroyo, Ministro
de Desarrollo Social; Carlos Stornelli, Ministro de Seguridad, respecto
de la baja de imputabilidad en los menores que se encontrasen involucrados
en hechos delictivos”, manifestó el Senador Provincial Expósito.
Los fundamentos
establecen que, “cuando una política pública tiene
como eje el tratamiento y solución de una consecuencia, claramente
tiende al fracaso ya que no se abordan aquellos temas generadores de la
desigualdad, la marginalidad y la fragmentación social; y cuando
esas causas están fuertemente vinculadas a años de destrucción
sistemática del Estado, a falta de respuestas frente a las demandas
sociales, a complicidades de funcionarios con estructuras de corrupción
y con acceso al poder producto de campañas financiadas con dinero
del narcotráfico es evidente que las causas no se pueden abordar
no por falta de recursos, sino por falta de interés, claro está,
de voluntad política en generar condiciones reales de distribución
del ingreso y riqueza.”
El proyecto
contempla además la violación de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño y la opinión de diversos especialistas
y entendidos en la materia, como ser la Ministra de la Corte Suprema de
Justicia, la Dra. Carmen Argibay.
En ese sentido,
Expósito remarcó que “bajar la imputabilidad de los
menores por se, no sólo no solucionará la problemática
de seguridad de la Provincia, sino que además judicializará
la pobreza, criminalizará la vulnerabilidad y lo que conseguirá
será entonces, llenar las cárceles de niños, niñas
y jóvenes”.
PROYECTO
DE DECLARACION DE LA H. CAMARA DE SENADORES
EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARA
Su más
enérgico rechazo a las declaraciones públicas del Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires y de representantes de su gabinete respecto
a la baja de la edad de imputabilidad de los menores que incurren en delitos,
ya que además de no resolver las cuestiones de fondo que generan
inseguridad, viola Tratados Internacionales de Derechos Humanos Básicos
que en nuestro país tienen rango constitucional.
FUNDAMENTOS
LA PLATA, 12 DE NOVIEMBRE DE 2008
HONORABLE
SENADO: El objeto de rechazo del presente proyecto tiene que ver con el
debate que se intenta plantear a partir del incremento de hechos delictivos
en la Provincia de Buenos Aires con las consecuentes declaraciones del
Gobernador Daniel Scioli y parte de su gabinete de Gobierno: Alberto Pérez,
Jefe de Gabinete; Ricardo Casal, Ministro de Justicia; Daniel Arroyo,
Ministro de Desarrollo Social; Carlos Stornelli, Ministro de Seguridad,
respecto de la baja de imputabilidad en los menores que se encontrasen
involucrados en hechos delictivos.
Cuando una política pública tiene como eje el tratamiento
y solución de una consecuencia, claramente tiende al fracaso ya
que no se abordan aquellos temas generadores de la desigualdad, la marginalidad
y la fragmentación social.
Y cuando esas causas están fuertemente vinculadas a años
de destrucción sistemática del Estado, a falta de respuestas
frente a las demandas sociales, a complicidades de funcionarios con estructuras
de corrupción y con acceso al poder producto de campañas
financiadas con dinero del narcotráfico es evidente que las causas
no se pueden abordar no por falta de recursos, sino por falta de interés,
claro está, de voluntad política en generar condiciones
reales de distribución del ingreso y riqueza.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada
en nuestro país y con estado constitucional, ya hace más
de una década, establece que, "Cuando las instituciones públicas
o privadas, autoridades, tribunales o cualquier otra entidad deba tomar
decisiones respecto de los niños y niñas, deben considerar
aquellas que les ofrezcan el máximo bienestar".
Carlos Bigalli, especialista en minoridad expreso públicamente
que la idea del Gobernador Scioli "es una propuesta sencillamente
inconstitucional porque la Convención sobre los Derechos del Niño
proscribe toda alternativa que suponga aplicar el régimen para
adultos a los que no han cumplido los 18 años". Por otro lado,
Bigalli sostuvo que, en los hechos, "en algunos ámbitos de
la Argentina, en la realidad, ya existen personas que no deberían
ser punibles por su edad y que, sin embargo, están entrampadas
por un poder punitivo sin los límites ni las garantías del
derecho penal".
En ese mismo sentido, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Dra.
Carmen Argibay sostuvo en declaraciones a radio Continental, que la solución
frente a la inseguridad "no está en bajar la edad de imputabilidad,
ni en subir las penas. Ya se ha demostrado mil veces que esto no da resultados,
que el delito sigue existiendo". Además remarcó en
el XII Congreso Nacional de Capacitación Judicial que, "Es
absurdo, la van a bajar a catorce y va a seguir igual. Y la van a bajar
a doce y va a ser igual. Dentro de poco van a meter presos a nenes de
tres años de jardín de infantes por pegarle a un compañerito
con una pelota en el pelotero".
En algún sentido similar, se ha pronunciado el Gobierno Nacional,
respecto de éste tema en particular, sosteniendo que "no es
la solución".
El Estado Provincial ya cuenta con piezas legislativas que tienden a la
protección integral del niño, niña y adolescente
y a la satisfacción de sus necesidades para fomentar la inclusión
social y evitar el acercamiento al delito. La Ley 13.298 sancionada recientemente,
escasamente se cumplimenta y los profesionales que allí se desempeñan
lo hacen prácticamente sin recursos. Lo mismo sucede con la Ley
13.634 de Responsabilidad Penal Juvenil.
Es necesario implementar un sistema de políticas públicas
preventivas e inclusivas que apunten a asegurar el cumplimiento de los
derechos universales de toda nuestra infancia y juventud, que no permita
que sean excluidos y vulnerados en sus derechos, que tengan educación,
salud y alimentación. Y para aquellos casos donde haya personas
menores de 18 años involucradas en la comisión de un delito,
se necesita un sistema de administración de justicia que otorgue
derechos y garantías a quienes estén sospechados y/o acusados
de haber cometido una infracción a la ley y que favorezca por encima
de todo la rehabilitación y la recuperación de los chicos.
Bajar la imputabilidad de los menores por se, no solo no solucionará
la problemática de seguridad de la Provincia, sino que además
judicializará la pobreza, criminalizará la vulnerabilidad
y lo que conseguirá será entonces, llenar las cárceles
de niños, niñas y jóvenes.
Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. Senadores acompañen
con su voto positivo el presente proyecto.
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