El gobernador Daniel Scioli -a través de sus ministros- se comprometió a no impulsar el proyecto de bajar la imputabilidad a los menores de edad. Además, en la reunión con dirigentes de la CTA, organizaciones sociales, legisladores nacionales y provinciales se anunció una nueva etapa para trabajar en pos de la promoción de los derechos del niño y la adolescencia

Luego de la multitudinaria manifestación, en la que participaron más de 15 mil personas que marcharon en caravana desde la Republica de los Niños hasta la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, un nutrido grupo de ministros bonaerenses recibió a una delegación de dirigentes de la CTA, legisladores y militantes de organizaciones sociales y de derechos humanos.

La marcha fue convocada por la CTA, los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos y el Foro por la Niñez y la Adolescencia. De la misma participó el Frente Transversal Nacional y Popular y la diputada provincial del Frente para la Victoria y dirigente del Frente Transversal Sandra Cruz.

La movilización fue en reclamo de una “asignación universal por hijo, la plena aplicación de las leyes de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños (Ley 13.298) y la del Fuero de Familia y de la Responsabilidad Penal Juvenil (Ley 13.634) y en rechazo del proyecto oficial de bajar la edad de imputabilidad.

La legisladora y presidenta de la Comisión de Políticas Sociales de la cámara Baja señaló en la reunión con los ministros su “rechazo al proyecto de pretensión la imputabilidad a los menores de edad” y ratificó “el rumbo político que instauramos desde el Frente para la Victoria en el 2003 y decidimos profundizar en el 2007 con la recuperación del rol del Estado y de las políticas públicas como única herramienta para erradicar la desigualdad y la pobreza, que son caldo de cultivo de la violencia, es profundizar la distribución de la riqueza.

Y por último propuso que desde el estado se ejecute una fuerte campaña provincial de promoción de los derechos de los niños que contrarreste la campaña de los grandes medios masivos de comunicación que intenta instalar la nuevamente en la provincia de Buenos Aires criminalización de la pobreza.