|
Comunidades
huarpes: sin tierras y sin agua potable
(AW) Comunidades
huarpes de Mendoza exigen al gobierno el cumplimiento de la ley provincial
6.920, sancionada en 2001 que establece la restitución de 786.000
hectáreas al pueblo huarpe milcallac que habita el desierto Lavallino
desde tiempos inmemoriales. El caso se encuentra en la Corte Suprema provincial
debido a que Fiscalía del Estado interpuso un recurso de inconstitucionalidad.
Además reclaman agua potable, libre de los peligros del arsénico,
el boro y otros elementos nocivos.
28/04/08- Mendoza (Diario Los Andes).- En Lavalle siguen peleando por
su territorio. Pero ahora tienen otro problema: los análisis del
agua que consumen detectaron arsénico, boro y otros tóxicos,
como metales pesados.
Termina la Semana de los Pueblos Originarios de América y los huarpes,
verdaderas "víctimas de la espera" según la expresión
del imprescindible Antonio Di Benedetto, siguen allí, perdidos,
en el Norte, lejanos como el desierto que habitan. Pero, aún en
la distancia, son una pequeña voz -son lo que hoy se llama "una
minoría"- que pide lo que les dio siempre La Pachamama, lo
elemental, lo que les quitaron tras la Conquista: la tierra y el agua,
porque el fuego que los empuja está siempre presente y eso se nota
en el aire que se respira en el desierto.
Quieren -y reclaman judicialmente- la tierra que les restituyó
la ley provincial 6.920, sancionada en 2001 y que les negó luego
la Fiscalía del Estado al imponer un recurso de inconstitucionalidad.
Esta ley ordena que se les restituyan al pueblo huarpe milcallac que habita
el desierto lavallino desde tiempos inmemoriales 786.000 hectáreas.
El caso se encuentra actualmente judicializado y será la Corte
provincial la que decidirá.
Pero el pueblo huarpe no sólo debe pelear por sus tierras sino
también por el agua. Quieren agua potable, libre de los peligros
del arsénico, el boro y otros elementos nocivos.
Estos dos elementos - tierra y agua- fueron el tema principal del último
Consejo que reunió a los presidentes de las 11 comunidades huarpes
de las Lagunas de Huanacache.
"El principal problema de los huarpes es la tierra, pero ahora se
suma el agua. En el último consejo que realizamos en noviembre
pasado, elaboramos un documento al respecto", dice Ramón Tello,
representante del pueblo huarpe en le Consejo de Participación
Indígena que reúne a las máximas autoridades de los
pueblos originarios del país.
"Hay que aclarar las aguas"
Como en relación a las tierras no hay novedades, y como decía
el poeta de origen huarpe Armando Tejada Gómez, "para saldar
las cuentas del martirio hay que aclarar el aguas", Diario Los Andes
fue hasta San Miguel de los Sauces, para contar con detalle qué
pasa con el agua.
San Miguel es un pueblito donde viven 20 familias. Ubicado a 150 kilómetros
de la Villa de Lavalle, es un sitio donde el retamo y el junco desafían
al sol y a la arena, donde los patos y los dientudos hacen malabares en
el aire y el agua, según lo decidan, y, claro, donde los huarpecitos
menores de edad van a la escuela 8-404, mientras sus mayores crían
chivos y hacen lo que saben para ganarle al desierto.
Ubicado a 10 km del límite con San Juan y San Luis, San Miguel
es "un lugar perdido en el desierto", sí, pero con una
historia rica: desde tiempos inmemoriales fue una población huarpe.
Además es un sitio "fundacional" del país: el
22 de agosto de 1822, representantes de Mendoza, San Juan y San Luis firmaron
allí el Tratado de San Miguel de las Lagunas, uno de los tantos
"pactos preexistentes" que cita el Preámbulo de la Constitución.
Internacionalmente, San Miguel, como parte de los humedales de desierto
lavallino, tiene un status distintivo: es sitio Ramsar desde 1999. Esto
indica que su agua, fauna y flora deben ser protegidas.
Una planta paradójica
El 19 de abril de 2007 se inauguró en San Miguel una planta potabilizadora
de agua con fondos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI). A través de una cañería se extrae agua del
Río San Juan y se lleva a unos tanques de 50.000 litros para luego
purificarla con un gran filtro de arena. El sistema se completa con una
red de 12 km que llega hasta Lagunitas.
En total abastece a 20 familias de San Miguel, 15 de Lagunitas y, a través
de un camión- tanque, a 60 de El Retamo, Forzudo y Tres Cruces.
La "faraónica" obra costó unos 650.000 pesos pero
no cumple con su función básica: no potabiliza. Una planta
potabilizadora que produce 200.000 litros de agua diaria "no apta
para el consumo humano", según informes municipales, del Epas
y de la Comisión de Energía Atómica.
"Desde el principio el agua tenía como olor a gamexane, a
barro podrido", cuenta Patricia Valot, directora de la escuela.
En octubre del año pasado la doctora Stella Maris Osach del centro
del salud, comenzó a ver algunos niños con problemas y sospechó
del agua. Un grupo de médicos comunitarios llevó muestras
para que las analizara la Comisión de Energía Atómica.
Resultado: había presencia de metales pesados.
Arsénico, boro y turbiedad
El 2 de noviembre la Municipalidad notificó a la escuela y a los
presidentes de las comunidades huarpes que "el agua de la red no
es apta para el consumo, prohibiéndose el uso para el consumo humano
pero no para higiene y servicio".
Con esta novedad, en la escuela se comenzó a consumir agua envasada
que envía la DGE y en un camión-tanque para la comunidad.
Las muestras que analizó la Comisión de Energía Atómica
también fueron tomadas de este camión y resultaron -increíblemente-
"no aptas".
Estos estudios dieron altas concentraciones de arsénico, boro,
manganeso y otros tóxicos inorgánicos. En la práctica,
si bien los niños no toman agua de la planta en la escuela, en
sus casas es difícil controlarlos. En cuanto a los mayores, algunos
consideran que el agua no puede ser más mala de la que tomaban
antes directamente del río.
Claro que no consideran que hoy el río San Juan ha cambiado: se
sospecha que los niveles de estas sustancias nocivas podrían estar
asociados a las actividades mineras que se desarrollan río arriba,
en la montaña, en San Juan.
Estas sospechas se encuentran apuntadas en un expediente judicial. Existe
una investigación en la Justicia Federal que arrancó en
noviembre de 2007. Ahora estarían a la espera de que dos ingenieros
de la UNCuyo entreguen los resultados de muestras que tomaron en diciembre
para su análisis. -
AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH
|