20/02/08 - La intervención del penal de Olmos, medida tomada hoy por el ministro de Justicia bonaerense, confirma la denuncia que, desde el Frente Popular Darío Santillán junto a los familiares de los jóvenes asesinados en la "Masacre de Avellaneda", realizamos en junio de 2007 respecto al régimen de privilegios que el ex - comisario Alfredo Fanchiotti, condenado por los asesinatos, goza en su sitio de detención. La denuncia actual que motivó la intervención fue realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y recayó en la Fiscalía nº3 de La Plata. La información surgió de los propios presos, que desde el Penal de Olmos informaron sobre las salidas del ex - comisario.

En el caso de las salidas de Fanchiotti, al menos una de ellas habría quedado registrada el pasado 30 de enero. A esta situación se llegó a pesar de las denuncias previas sobre las condiciones de detención. El 25 de junio del año pasado, hace 8 meses, desde el Frente Popular Darío Santillán (que agrupa a los movimientos de desocupados, MTDs en que militaban Darío y Maximiliano) habíamos denunciado la situación de privilegios que gozaba Fanchiotti. Desde entonces, ningún organismo del gobierno nacional ni provincial intervino hasta hoy. En aquel entonces habíamos advertido: (http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/06/25/p2957) "Los presos comunes denuncian que ese sector del Penal (Pabellón 25) se destina a los "amigos" del servicio penitenciario. Con la excusa de tratarse de una unidad evangelista (bajo control de pastores de esa religión), allí Fanchiotti goza de un régimen de visitas permanentes que viola los criterios que se aplican al resto de los reclusos, se le permite tener objetos que se le niegan a los demás presos, como teléfonos celulares sin identificación, y se le facilita el acceso a los estudios universitarios "arreglando" los informes psicológicos que funcionan como un filtro insalvable para la mayoría de los reclusos pero que no resultan una dificultad para este criminal que cuenta con la complicidad de sus "camaradas" del servicio penitenciario".

Este hecho se suma los gravísimos casos de complicidad de las autoridades penitenciarias con los miembros de fuerzas armadas y de seguridad detenidos por violaciones a los Derechos Humanos.

Esta situación de impunidad cobra un grado mayor de peligrosidad si tenemos en cuenta que, además del asesinato del ex – prefecto Febrés para que no declare en el juicio, una de las líneas de investigación por la desaparición de Julio López llevó a las condiciones operativas (virtuales oficinas y visitas que no quedan registradas) que Etchecolaz y sus cómplices disponen en las cárceles por complicidad del servicio penitenciario, similar situación que ahora denunciamos gozan los asesinos de Darío y Maxi.

Nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados el 26 de junio de 2002 en el marco de una represión conocida como "Masacre de Avellaneda" que dejó además 33 heridos con balas de plomo, ordenada por el gobierno de Eduardo Duhalde. El comisario Fanchiotti fue condenado a prisión perpetua el 9 de enero de 2006, después de un extenso juicio empujado por decenas de movilizaciones y un acampe el Frente Darío Santillán en los tribunales de Lomas de Zamora.


Junto a los organismos de derechos humanos, exigimos:

-Cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas y asesinos de luchadores populares de ayer y de hoy